La elaboración del fallo –a cargo del juez de sustanciación e integrante de la Primera Sala Penal de la CNJ, Felipe Granda– comenzó una vez que el juez cerró la fase de presentación de pruebas, que permite a los acusadores confirmar el cometimiento de un delito o a los acusados descargar su responsabilidad en el mismo.

Esta etapa decisiva se abrió, luego de que la Sala Penal emitiera una providencia en la que dispuso la resolución de la causa. Esto ocurrió el pasado lunes en la tarde, al cierre de los casilleros judiciales. Con esa providencia ya fueron notificadas las partes.

Según las normas del Código de Procedimiento Penal de 1983, con el que se tramitó la causa, el juez de sustanciación cuenta con diez días para emitir la sentencia, aunque puede acogerse a las normas del Código de Procedimiento Civil, que le otorga un día adicional por cada cuerpo (carpeta de cien hojas) del proceso.

Según dicho Código Penal, la resolución de los procesos está a cargo del juez que resultó sorteado como de sustanciación y de sentencia, en este caso fue Granda.

No existe la posibilidad de plantear casación de la sentencia (es decir su revisión por errores en la aplicación de la ley), únicamente los recursos de apelación y revisión.

De acuerdo con la normativa legal, Granda puede dictar sentencia condenatoria e imponer una pena por el delito de malversación de fondos públicos, o absolutoria, con lo cual el proceso podría archivarse.

La Fiscalía solicitó que se confirme el llamado a juicio por el delito de peculado bancario, con el propósito de insistir en el proceso de extradición de los Isaías, quienes residen ahora en Miami (Estados Unidos). La causa investiga un supuesto perjuicio al Estado que según las investigaciones que realizó el desaparecido Congreso Nacional fue de $ 1.465 millones.

Para Xavier Castro, abogado de los Isaías, la sentencia contra sus clientes ya fue dictada con anticipación; por tanto –dijo– no hay esperanzas de que en Ecuador se haga justicia en favor de sus defendidos.

Castro considera que en el país no hay división de poderes y que el Gobierno quiere mandar en el poder Legislativo y en el Judicial. “Cuando alguien comete un delito tiene que ser sancionado con un juez penal para luego pagar las indemnizaciones, pero a los Isaías les quitaron los bienes en el 2008 ($ 800 millones), sin que exista sentencia” (en alusión a las incautaciones de sus empresas ahora en manos del Estado).

Una vez que exista sentencia, Castro cree que el gobierno norteamericano no concederá la extradición de sus clientes, por la mala imagen de la justicia de este país.

Fuente: El Universo

No es verdad que la Jueza de Florida haya desestimado la contrademanda de los hermanos Isaías contra el Estado ecuatoriano, como lo afirma un comunicado de la Procuraduría General. De hecho, ese juicio se encuentra en una etapa inicial que el procedimiento norteamericano llama “discovery”, donde los abogados de las partes se intercambian documentos y receptan declaraciones de testigos.

La demanda del Estado y la contrademanda de Roberto y William Isaías se encuentran en pleno trámite y las audiencias empezarán recién en el año 2012, por lo que es absolutamente absurdo que el juicio lo haya ganado el Estado. Lo único que la jueza de Florida declaró la semana pasada fue que era prematuro dictar sentencia expedita (“summary judgement”) contra Ecuador y que lo haría en su momento. Nada más, aseveró categóricamente el Abogado Xavier Castro.
Los hermanos Isaías han requerido al Estado que presente a declarar a varios testigos que han sido o son funcionarios públicos involucrados en la confiscación de sus bienes y en su persecución política: Gloria Sabando, ex Superintendente de Bancos; Carlos Bravo, ex Gerente de la AGD; y Francisco Endara, Secretario Técnico del Fideicomiso que maneja las empresas confiscadas. Estos dos últimos son parientes políticos cercanos del economista Pedro Delgado, quien a su vez es primo del Presidente Correa.
El único que hasta aquí fue interrogado el 29 junio 2011, pero debe volver a comparecer, es el economista Pedro Delgado, funcionario responsable de la administración que él y su grupo familiar ejercen sobre las empresas confiscadas.
Esta información, así como el contenido de la declaración de Delgado pueden verificarse en la página web de la Corte de Florida.

Guayaquil, 29 agosto 2011

Xavier Castro Muñoz
Abogado de Roberto y William Isaías Dassum

http://www.casofilanbanco.com/wp-content/uploads/2011/07/Completo.mp3

Luego el banco estuvo en proceso de liquidación por 9 años, en que funcionarios de la Superintendencia de Bancos de varios gobiernos, incluido el actual, lo administraron, utilizaron y se feriaron sus activos.

Aunque parezca mentira, el actual gobierno le cobró la cuenta de todo el atraco estatal a los hermanos Roberto y William Isaías, y en el año 2008 CONFISCÓ todos sus bienes y empresas en Ecuador.

Desde el 2008 al 2011 han pasado 3 años en que funcionarios del actual gobierno han administrado, utilizado y se están feriando los activos de cerca de 500 empresas confiscadas. La historia se repite. Esto ya lo vivimos.

Existe una persona que desde que empezó esta historia, a finales de la década de los 90, ha estado consistentemente detrás de la persecución a la familia Isaías: el Economista Pedro Delgado.

Delgado era Intendente de Bancos y preparó los informes para que se inicie el proceso penal contra los hermanos Isaías. El cuñado de Pedro Delgado, Francisco Endara, es el Presidente de la Secretaría Técnica del Fideicomiso AGD-CFN “Total Impunidad”, que administra las empresas de la familia Isaías. Pedro Delgado solicitó al Presidente Correa que lo designen a él para lograr que EEUU revoque las visas de los hermanos Isaías.

Sólo el Presidente Correa puede parar esta persecución, salvo que haya decidido formar parte de ella. La desvalorización de las empresas confiscadas no le conviene a nadie. Todos perdemos. Esto ya lo vivimos.

Xavier Castro Muñoz

Abogado de Roberto y William Isaías Dassum

Guayaquil, 6 julio 2011

Filanbanco International Bank nunca existió.

Ese es el nombre que el Economista Pedro Delgado y sus cómplices de la Superintendencia de Bancos le dieron a PREVISORA INTERNATIONAL BANK, al que ilegalmente fusionaron con Filanbanco, siendo esa una de las últimas decisiones estatales para causar su quiebra, del que solamente el Estado y quienes tomaron esa decisión son responsables. O mejor dicho eran responsables, porque a  pedido del Presidente Correa fueron amnistiados en la Asamblea de Montecristi.

Consecuentemente, el llamado a cobrar es para los acreedores de PREVISORA INTERNATIONAL BANK, que lo han disfrazado con otro nombre.

Xavier Castro Muñoz

Abogado de Roberto y William Isaías Dassum

“Fácil es dar cabida a un contumaz calumniador para hacer escándalo y, en cambio, yo si tengo que presentar certificados y documentos para respaldar mis afirmaciones”, señala Yépez, quien afirma que Falconí jamás pudo fundamentar las motivaciones o razones de sus odios y siempre pidió prórrogas… Eso se fundamenta, según la ex Fiscal, en varios documentos. Entre otros, el oficio enviado por Falconí, adjuntando el informe de Pedro Delgado (15 de junio del 2000) y el oficio SB-200-077.

“En ellos no se encuentra relación específica de ilícito ni denuncia alguna”. Además, la transcripción certificada de la cadena del 14 de junio del 2000, en donde claramente (Falconí) dice: ‘Trabajos que se vienen haciendo’. ‘Se está completando la información’. ‘Se está investigando’. ‘Se va a profundizar las investigaciones’. Así mismo, el oficio del 19 de junio del 2000, en el que Delgado afirma que es necesario hacer una investigación detallada y pide contratar una auditora para que “recién analice las operaciones del Filanbanco, cuando, días antes, yo había presentado la excitativa Fiscal”.

“Esa es la triste actuación del entonces Superintendente, que ni siquiera firmó el informe, tampoco lo acogió; no presentó denuncia ni acusación formal ante ningún juez, no estableció fuero en sus afirmaciones, pero hoy sí se rasga las vestiduras”.

Al referirse a la investigación de los casos bancarios, Yépez sostuvo en una carta que la Fiscalía enfrentó sola la investigación de la crisis, “porque nadie presentó denuncia alguna y fui yo quien, el 8 de enero del 2001, pedí a la Corte Suprema que se ordenara la incautación de los bienes de quienes fueron accionistas de Filanbanco (la copia de la petición fue anexada por la ex Fiscal). La Fiscalía –agregó Yépez- presentó similar requerimiento en todos los juicios por la crisis bancaria.

Sobre el caso Filanbanco y los préstamos de liquidez que le otorgó el Banco Central (BC), sostuvo que el 18 de agosto del 2000, en un oficio dirigido al Procurador del Estado, el BC certificó que a esa fecha el Filanbanco no tenía ninguna obligación con la institución. Así mismo, agregó, existe la copia del oficio del BC a la Corte, del 26 de octubre del 2000, en que el gerente Leopoldo Báez, certifica que “Filanbanco SA” ha pagado las operaciones de créditos realizadas con el BC. “Si eso no está claro -o no entienden ciertos medios y Falconí- es porque están cegados u obsesionados en seguir causándome daño. Todo lo demás que haya sucedido o se haya descubierto después de esto no me incumbe ni me interesa…”.

NDLR: Con la publicación de esta nota, que recoge buena parte de la carta de la ex fiscal Yépez, cuyo contenido se difunde en nuestro sitio web, este Diario ha cumplido su función de informar a nuestros lectores de manera plural e independiente. En lo posterior no daremos más cabida a disputas de personajes públicos que entran en el campo personal.

Fuente: Diario EL COMERCIO

http://www.elcomercio.com/mundo/wikileaks/Ex-fiscal-Yepez-Falconise-vestiduras_0_487151409.html

Este pedido, explica Castro, surge porque Gama TV, CN Plus y TC Televisión, canales incautados a la familia Isaías “y que el gobierno utiliza para difundir su propaganda política”, han puesto al aire reportajes sobre aportes de Roberto Isaías a la campaña presidencial de Hillary Clinton en Estados Unidos en el 2007. Aportes que admiten y que “en el mejor de los casos, no superó el 0,003% de los fondos recibidos. No se puede, por tanto hablar de un nivel de influencia con un aporte de esta naturaleza”.

“¿No habrán sido más importantes los aportes dados por el grupo Isaías a la campaña de Rafael Correa a la Presidencia? ¿A cuánto ascendieron los descuentos por las cuñas publicitarias en Gama TV y TC Televisión? ¿Cuántas cuñas se pasaron gratuitamente? ¿Qué porcentaje del total recabado en la campaña de Correa fue proporcionado por el grupo Isaías? ¿Camilo Samán los habrá declarado a las autoridades electorales en su momento?”, dice Castro.

“Sería interesante que las respuestas a estas preguntas las proporcionen Samán y el propio presidente…”, afirma el abogado en un comunicado.

“Estas son las cosas que el gobierno hace para desviar la atención de lo que en realidad está pasando en el país y en las empresas confiscadas a la familia Isaías, donde la corrupción alcanza niveles realmente alarmantes y el gobierno no hace nada por evitarlo, sino todo lo contrario. Fue el mismo presidente el autor del proyecto de ley para que las empresas confiscadas se manejen sin control ni se sometan a las reglas de contratación pública…”, cree.

Fuente:

http://www.eluniverso.com/2011/05/20/1/1355/isaias-piden-correa-saman-digan-cuanto-aportaron-campana.html

No es verdad que la Interpol haya lanzado últimamente una alerta roja contra los hermanos Roberto y William Isaías. Hace más de 10 años que empezó la persecución política en su contra y la Corte de Justicia ecuatoriana dictó orden de prisión contra ellos. Esa es la única orden que fue notificada a la Interpol. Desde hace 10 años esa notificación o alerta está en la página web de la Interpol. No es nada nuevo.

Tratando de que la opinión pública desvíe su atención de los escándalos de corrupción que enfrenta en la actualidad, el gobierno una vez más echa mano de la herramienta mediática en que han convertido a los hermanos Isaías y, sin ningún rubor, lanzan la noticia como si fuese de actualidad. Lamentablemente, ciertos medios de comunicación privados muerden el anzuelo y difunden una noticia que tiene más de 10 años de edad. Una vez más la manipulación mediática del gobierno encuentra tierra fértil en la ingenuidad de la prensa.

Washington Pesántez, que es solamente el vocero de la Fiscalía General, porque se lo ve en la televisión pero nunca en las diligencias judiciales, aprovecha la oportunidad para lucirse y decir que él ha conseguido que la Interpol lance la alerta roja, lo cual es falso.

La verdadera alerta roja debería estar en el manejo fraudulento de las empresas confiscadas a la familia Isaías, empezando por EICA. Mientras el economista Pedro Delgado se niega a hablar con la prensa de todas las contrataciones cuestionadas, la prensa se entretiene en una noticia de hace más de 10 años que ha sido difundida por los que están interesados en pasar de agache.

Seguiremos informando por un juicio JUSTO y TRANSPARENTE

Xavier Castro Muñoz

Abogado de Roberto y William Isaías