El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen – Goethe
En el caso Filanbanco hay víctimas y hay verdugos. Detrás de las decisiones tomadas por jueces, superintendentes, gerentes de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), ministros y presidentes hubo intereses concretos de un grupo estrecho de personas. Todos conocidos. Todos conectados.
A lo largo de estos años, desde la gran crisis financiera de finales de los 90, hemos visto cómo algunos de los principales responsables de la pérdida de los ahorros de miles de ecuatorianos corrían una cortina sobre sus errores buscando un chivo expiatorio al que culpar: los hermanos Isaías. Nada mejor para evitar las responsabilidades que una causa mediática, una bandera demagógica.
Estos son algunos de los protagonistas y sus conexiones.
Un personaje pavorosamente constante en la vida ecuatoriana. Entre 1988 y 1992 es Ministro de Estado en el gobierno de Borja. Vuelve al poder en 1997 y es uno de los dos autores intelectuales del Decreto 1492, mediante el que todos los depositantes ecuatorianos perdieron el 50% de sus ahorros. El otro es Pedro Delgado Campaña. En paralelo a su carrera política, Falconí está vinculado a los escándalos del Banco Cofiec, Progreso y Banco Pacífico. A pesar de ello se convertirá en Superintendente de Bancos en abril de 2000 aunque será destituido por corrupción en noviembre de ese mismo año por el Congreso Nacional. Fue acusado por su participación en la fusión La Previsora – Filanbanco y solicito y se le concedió se le extienda la amnistía concedida a Luis Villacis que obedeció sus ordenes desde la Presidencia de la AGD.
Gerente General de la Agencia de Garantía de Depósitos. En una reunión entre el presidente Rafael Correa, Juan Falconí Puig y otros asistentes se despejan dudas respecto de la incautación y se sondea el nombre del nuevo gerente general de la AGD: Carlos Bravo Macías. Así el 4 de julio de 2008 se convierte en el nuevo directivo de la AGD y entre 2008 y 2009 es el ejecutor de la incautación. Carlos Bravo había sido el abogado de Juan Falconí Puig cinco años antes, cuyos honorarios pagó la Superintendencia de Bancos y Seguros.
Primo del Presidente actual de Ecuador, Rafael Correa. Fue el gerente de Crédito de la Corporación Financiera Nacional en el mismo año del desastre financiero y la crisis de liquidez. Autor intelectual, junto a Juan Falconí Puig, del Decreto 1492 por el que se redujo el ahorro de miles de ecuatorianos en un 50%. Se convierte en Intendente Nacional de Supervisión de Entidades Financieras y es quien firma con su cuñada el informe lleno de presunciones que da lugar a este caso. Vuelve con Rafael Correa y se le reconoce como asesor. Pero es algo más: desde Miami da instrucciones a los miembros de la Junta Bancaria para la incautación de los bienes de los Isaías. Y, tras la creación de la unidad AGD-CFN-NO MÁS IMPUNIDAD, que concentra en una sóla persona la administración de todos los bienes incautados, es nombrado Presidente. Asistió, en su calidad de Asesor de Presidente de Ecuados asistió a la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, en Marzo de 2010 sin embargo para su presentación hizo uso de la dirección electrónica de su empresa Consulmax, desde la que actúa desde Miami.
Ex funcionario de la AGD en al administración de Carlos Bravo, cuando se confiscan ilegalmente los bienes de los Hermanos Isaias , en la actualidad es director de activos de la Unidad ge Gestión del Fideicomiso No mas Impunidad que tiene a cargo todos los bienes de los ex accionistas de Filanbanco.
Superintendente de Bancos y Seguros en funciones desde noviembre de 2007 por resolución de la Asamblea Constituyente. Pesa sobre ella la sombra de juicio político por obstaculizar información sobre la liquidación de bancos. A pesar de la necesaria independencia del organismo, Sabando es una de las cercanas al circulo de Correa, lo que no le ha impedido llevarse varias broncas de su jefe, sobre todo por la lentitud en la liquidación de los bancos cerrados. Fue la gerente de la AGD nombrada por Correa y anteriormente ejerció en la administración de algunos de los bancos cerrados.
Presidente entre 2000 y 2002 tras el colapso del gobierno de Mahuad. Participó en el Directorio del Banco Popular en alguna sesión comprometedora por su resolución. Bajo su gobierno, el Congreso aprueba la nueva ley bancaria, impulsada por algunos de los causantes de la crisis financiera. Noboa reconoce en un escrito de diciembre de 2001 dirigido al presidente del Congreso Nacional, José Cordero, que la reforma de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero atenta contra la seguridad jurídica y es inconstitucional. Sin embargo, se niega a asumir el coste político del veto afirmando que “existen valores superiores al ordenamiento jurídico del Estado”, y encomienda a Dios y la Patria para que los juzguen, cuando la Patria lo hizo se amparo en la Amnistía como perseguido político.