Cronología
Filanbanco se hundió en manos públicas y no por la mala gestión de sus dueños originales, los Isaías
Ahora las personas que llevaron la entidad al desastre en sus últimos años de actividad juegan intencionadamente a la confusión y a la oscuridad. No quieren un proceso claro, sino que desean confundir a la opinión pública con juicios de valor, documentos creados ad hoc para justificar algo injustificable en un Estado de Derecho.
El motivo es claro: esos nefastos gestores nunca abandonaron puestos de responsabilidad institucional o han vuelto años después a la vida pública. Por eso todos ellos quieren ocultar las pillerías e ilegalidades que cometieron hace más de una década, documentadas en este site. Están en juego su imagen pública, sus puestos y los importantes beneficios personales y económicos que ellos y algunas personas de su entorno disfrutan hoy mientras quieren confundir al pueblo ecuatoriano.
Es necesario evitar esa confusión. Este es el relato de lo acontecido, la cronología de un atropello.
2007 Vuelven los enemigos en el Gobierno de Correa
El nuevo presidente desacredita a la superintendencia de bancos para poner a un responsable afín a las maniobras del Gobierno. Y con este gobierno vuelve a tener un rol muy protagónico Pedro Delgado, en su calidad de primo del presidente.
2008 Confiscación política de empresas
En junio de este año el Presidente Rafael Correa decreta la incautación de los bienes tras apartar de sus cargos sucesivamente al Superintendente de Bancos, al Gerente General de la AGD y tras provocar la dimisión del Ministro de Finanzas, que se negó a firmarla. De golpe, el primer día 195 empresas son confiscadas por el Gobierno. Entre ellas, medios de comunicación. La Asamblea Legislativa, de mayoría favorable al Gobierno, dicta el mandato 13, que respalda la ilegal incautación y en un acto jurídico sin precedentes decreta la destitución de cualquier juez que acepte alegaciones de los propietarios de las empresas incautadas. En total, entre empresas y bienes incautados hablamos de 800 millones de dólares.
2010 Un juicio que no debería producirse
La defensa de los accionistas busca en 2009 la protección del Tribunal Constitucional. La razón es de peso. Los Hermanos Isaías van a ser juzgados con una Ley aprobada medio año después de que supuestamente se cometiera el delito del que se les acusa. Sin embargo, tras diez años desde que la Fiscalía inició la acusación llega el momento de un juicio que en condiciones normales no se hubiera producido. La Fiscalía dijo que no había delito y a pesar de que el nuevo código penal y la Constitucion vigente impedirían seguir con un juicio (ya que no hay acusación), los Hermanos Isaías se enfrentan a los tribunales. Llegan a un juicio sin acusaciones precisas y después de que más de 25 jueces hayan conocido la causa. Un juicio por peculado que ya fue descartado el 15 de enero de 2010 en un fallo de la Corte Nacional de Justicia, que fue derogado y declarado “inexistente”. Eliminado de la historia del caso, descaradamente desaparecido. Y sus jueces sustituidos por otros nombrados a dedo y afines al Gobierno.