CASO FILANBANCO: LA HISTORIA DE UNA INJUSTICIA
El llamado “caso Filanbanco” es una de las más descaradas intervenciones políticas hechas en Latinoamérica sobre una entidad bancaria.
Un ejemplo digno de estudio para una de las mayores arbitrariedades jurídicas cometidas en el continente.
Filanbanco fue uno de los pocos bancos que tenía solidez para sobrevivir a la crisis económica de finales de los 90, que acabó con 20 entidades bancarias. La caída de los precios del petróleo y los desastres naturales zarandearon con dureza la economía ecuatoriana, basada en el crudo y en la agricultura. El banco estaba aquejado por la morosidad de clientes exhaustos por la crisis.
Hasta ese momento, fue la entidad ecuatoriana que captó mayor número de líneas internacionales de crédito, unos 500 millones de dólares. Pero la incertidumbre sobre la situación económica del país frenó esa confianza y los préstamos de la banca extranjera se cortaron. Filanbanco necesitó créditos públicos del BCE para atender la corrida de depósitos que desencadenó la crisis y la mala gestión de ésta por parte del Gobierno.
Pero el precio a pagar por la entidad y sus propietarios fue muy alto. Filanbanco, bajo control del Gobierno, fue usado en una oscura operación de salvamento de La Previsora y de otros cuatro bancos cercanos al poder político: Cofiec, Popular, Pacífico y Progreso. Una operación financiada, eso sí, con los recursos de la entidad y con unos bonos del estado devaluados.
Entre diciembre de 1998 y julio de 2002 el banco es administrado por el Gobierno y se producen pérdidas documentadas por 895,3 millones de dólares. La manera de salvar tamaño desastre cometido por funcionarios públicos será acusar a sus propietarios privados.
En 2000 la Fiscalía inició un proceso por peculado (mal uso de fondos públicos, los créditos que obtuvo del Estado) contra los accionistas. Pero como ni la Superintendencia de bancos ni el Gobierno pudieron aportar documentación para sustentar las acusaciones, a finales de 2002 la propia Fiscalía emite un dictamen retirando la acusación: ni hay pruebas de un delito ni hay delito, ya que lo que se juzga no estaba tipificado por ley alguna.
Sin embargo, en 2003, en un contexto político cada vez más conspirativo contra la familia Isaías, sin pruebas y de forma inconstitucional un nuevo Presidente de la Corte Suprema decide llevar a juicio a los ex propietarios. El artífice no es sólo Presidente de la Corte Suprema. No era sólo un juez. Había sido asesor jurídico de la Presidencia en tiempos del ex presidente Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992) y, por lo tanto, compañero de gobierno de Juan Falconí Puig (en ese entonces Ministro de Industrias y Presidente del Directorio del Ingenio Azucarero Aztra, hoy conocido como Ingenio La Troncal), Super Intendente de Bancos en abril del 2000.
En 2008, cinco años después reaparecen algunos de estos nombres. Pedro Delgado, primo del presidente Correa, trabajó con Falconí Puig. El informe con el que Falconí, desde la Superintendencia de Bancos, empieza el proceso está firmado por Pedro Delgado y su cuñada, Raquel Endara, la asesora jurídica de la intendencia de banco. Un informe plagado de errores e imprecisiones. Y el Gerente General de la AGD en el momento de la incautación es Carlos Bravo, abogado de Juan Falconí Puig.
Desde entonces y sin base jurídica se inicia una persecución judicial, política y económica de los propietarios del banco que dura ya 10 años y ha empleado a más de 25 jueces.
El 15 de enero de 2010 la Corte Nacional de Justicia dictamina que no hubo ni pudo haber peculado y ratifica también el dictamen del Ministerio Fiscal. Sencillamente no había causa. Pero en un auténtico golpe de mano jurídico el Gobierno destituye a los conjueces que afirman que no hay peculado y, mediante un procedimiento irregular, nombra unos jueces a dedo. En un tiempo record de 10 días los nuevos conjueces estudian la causa de nuevo, inéditamente declaran inexistente el fallo de la Corte Nacional y deciden llevar a juicio a los hermanos Isaías. Esos jueces fueron acusados de prevaricado, delito del que ya han sido sobreseídos.
CRONOLOGÍA DE UN ATROPELLO
LAS TRES CLAVES DEL CASO
DOCUMENTOS Y PRUEBAS DE INOCENCIA
